Curiosamente en poco tiempo estamos viendo desde los Ayuntamientos liderados por el PNV/PSOE en las tres capitales algunos anuncios de políticas de apoyo con fondos públicos municipales a determinados proyectos de macroedificaciones susceptibles de albergar grandes eventos y espectáculos tanto deportivos como musicales, artísticos, expositivos, etc… Todo ello se hace bajo dos líneas argumentativas, aumentar los eventos que puedan ser disfrutados por la ciudadanía y, por otro, lado la argumentación de que esto ayuda al desarrollo económico de la ciudad (atracción turística, actividad económica que impulsan en la infraestructura económica y de servicios de la ciudad, aumento de recaudación, etc…).

Esta línea argumentativa con matices específicos la tenemos en la cuestión de la participación del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y la Diputación Foral con la ampliación de Mendizorroza gestionada por la iniciativa privada y que pretende orientarse al consumo deportivo y al consumo de mercancías de diverso tipo en un Mendizorroza ampliado pero que atenta contra instalaciones de uso deportivo público, el propio tránsito en las inmediaciones y sobre todo con el uso de dinero de todos y todas para apoyar una iniciativa que sin discutir su interés para una parte de la población no es de todos y todas.

¿Alguien se imagina que demos dinero público a un McDonald porque se argumente que viene bien para la infancia, juventud y calidad hamburguesera de la ciudad? O, por el contrario ¿no será lógico es que si es un negocio privado se entiende que deben buscar fondos de financiación privados? ¿Si se dan fondos públicos quiere decir que se deja de ser un negocio privado sobre cuyas políticas deciden sus propietarios, o se dan fondos realmente para un agente cuya lógica no es el interés público sino el interés propio, económico, mediático, deportivo o el que sea, pero siempre privado?

Ésta y otras preguntas se traducían en buen número de alegaciones presentadas al proyecto y que ni han sido respondidos ni se consigue saber como es el proceso temporal de decisiones sobre el proyecto en la mas inadmisible falta de transparencia e impedimentos reales al control municipal.

Desde la lógica del municipalismo democrático, como es el caso de Munizipalistok, entendemos que el dinero de todos y todas debe dedicarse a políticas y acciones para todos y todas. No nos oponemos a las iniciativas privadas mercantiles en el campo deportivo, cultural, musical, artístico, o lo que sea, pero que se costeen con sus fondos privados propios o externos, dado que los beneficios serán también propios y privados.

Y si se pretende con fondos de todos y todas ayudar a la financiación de un negocio y/o iniciativa privada deberá ser consultado previamente a esa ciudadanía que pone los fondos colectivos y previo debate público y con suficiente tiempo, extensión, publicidad y amplitud sobre su interés colectivo y las condiciones que debiera tener ese apoyo público común.

Pero el pleno del Ayuntamiento se opuso a una posible consulta ciudadana con los votos en contra del ejecutivo PNV/PSOE y el PP en Pleno de 29 Septiembre 2017, lo que era recogido así por El Mundo País Vasco con el títular

«Vitoria rechaza una consulta ciudadana sobre la ampliación de Mendizorroza

«La iniciativa ha sido rechazada por PNV, PP y PSE, mientras que EH Bildu y Podemos la han apoyado al considerar que la inversión municipal que se prevé, de cinco millones de euros, obliga a consultar a la ciudadanía, ya que el reglamento aprobado en la pasada legislatura contempla hacerlo en inversiones de gran cuantía.

Tanto EH Bildu como Podemos e Irabazi han reprochado la «falta de información» sobre el proyecto que ha diseñado el Deportivo Alavés y han recordado que la actuación se realiza sobre una instalación municipal y se financiará con 25 millones de dinero público -el 50 % del coste total de 50 millones-, por lo que han reclamado conocer todos los detalles y que los ciudadanos puedan opinar.

Sin embargo, desde el PNV y el PSE -socios en el Gobierno municipal- se ha defendido la reforma planteada por el club como «una oportunidad que no se puede perder», ya que los 25 millones que aporta el Deportivo Alavés ayudarían a sufragar las obras de arreglo de cubierta y otras cuestiones que, aseguran ambos partidos, requiere el campo.»

Ver en https://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/09/29/59ce5f34268e3ece108b4665.html

Eso no se ha cumplido, ni se está cumpliendo, con Mendizorroza (ahora no solo con financiación gasteiztarra sino de toda la ciudadanía alavesa), hecho a toda prisa, sin transparencia, sin respeto a las propias normas legales vigentes, y desde luego sin ninguna consulta a esos todos y todas que somos quien ponemos el dinero público municipal y/o foral.

El caso de Mendizorroza y Vitoria-Gasteiz es especialmente significativo por la presencia a la cabeza de esa iniciativa e intereses privados de una figura que acaba relevándose como un auténtico poder fáctico en la ciudad, el Sr. Querejeta, convertido en una figura muy proxima y bien tratada por el PNV de la capital y de la provincia e incluso hemos visto a nivel de Euskadi. Pero esto nos suscita una pregunta ¿es algo puramente local y/o específico del ambito gasteiztarra o refleja una dimensión mas de una estrategia política mas amplia de determinada estrategia de acción municipalista mas amplia?

Curiosamente, mirando a las otras dos capitales, nos surgen dos preguntas… En el caso de Bilbao, la cúpula anunciada a bombo y platillo a instalar como si fuera la imagen de un platillo volante en la antigua plaza de toros, y también presentado con la argumentación que denunciábamos más arriba ¿por quién es costeado?, ¿se dedican casualmente fondos públicos también a una iniciativa privada? ¿si fuera así, pasará esa plaza de toros futurista y de eventos varios a propiedad municipal? ¿se costea además con fondos de todos los vizcaínos y vizcaínas?

En principio, y según parece constar en la documentación de propiedad de la plaza el Ayuntamiento es propietario al 50% de la plaza junto al otro 50% que sería de ámbito público y/o municipal, así se señala

«El Reglamento de la Junta Administrativa de la Plaza de Toros se aprobó el 15 de diciembre de 1900, contemplando entre otras peculiaridades los denominados “Títulos de Propiedad” que, previo pago de la cantidad correspondiente según la localidad, garantizan la misma al propietario. Tales títulos obligaban, y obligan, a la adquisición de la totalidad del abono siempre que la Junta celebre Corridas Generales dentro de los meses de julio a septiembre. Dicha regulación fue modificada en 1992, estableciéndose los denominados “Nuevos títulos de propiedad” con una previsión indemnizatoria en su artículo 16 en caso de supresión. Los “propietarios” de Vista Alegre vienen a ser algo similar a los “compromisarios” del Athletic.

Pues bien, la organización y el funcionamiento de la Plaza mantiene básicamente el mismo sistema, con una importante salvedad. Concluido el proceso de publificación del Hospital Civil de Basurto por Decreto de 25 de febrero de 1992, el centro se integró en Osakidetza y la Comunidad Autónoma recibió todos los bienes y derechos afectos a la asistencia sanitaria, pasando el resto al Ayuntamiento de Bilbao. Entre los bienes no vinculados al servicio sanitario se encontraba el 50 % de la Plaza de Toros, que de este modo pasó a ser propiedad municipal.

En todos estos años el modelo no ha variado, aunque la personalidad jurídica de la denominada Junta Administrativa bien puede mantenerse que ha pasado de privada a pública, pues en realidad no deja de ser una copropiedad entre una entidad particular (Misericordia) y una Administración pública, ostentado la Presidencia el Alcalde de Bilbao con voto de calidad.» (Obtenido del post » La gestión de la plaza de Bilbao: Renovación o decadencia» publicado el 15 de Noviembre de 2019 en https://www.taurologia.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=4310&accion=

Sin embargo, la propiedad no parece estar clara de quién es, pese a que la gestión y los gastos sean del conjunto de la ciudadanía bilbaína que debe pagar los gastos según se desprende de lo publicado en 25/09/2018 en el post «Los vergonzosos números rojos de la tauromaquia: la Plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao» donde se denuncia como la ciudadanía paga los gastos de un edificio que cada vez tiene menos sentido y uso para el conjunto de bilbaínos y bilbaínas.

Pero lo que parece relevante es que, al menos por un curioso proceso histórico, la municipalidad tiene al menos un importante papel como gestor público de la plaza, lo que no se da en absoluto en el caso de Gasteiz. Suponemos que la municipalidad costeará no sabemos en qué proporción la nueva cúpula pero al menos mantiene si las cosas siguen igual un papel relevante en la futura gestión de su uso futuro salvo que hubiera cambios de privatización..

Sin embargo, algo similar se denunciaba ya en 2015 por Udalberri, Irabazi y Podemos y que era recogido bajo el titular de Público en «https://www.publico.es/politica/diputaciones-y-ayuntamientos-regalan-fondos.html«

«Diputaciones y ayuntamientos regalan fondos públicos a Real Sociedad y Athletic Club. El equipo donostiarra recibirá unos 36 millones de euros para remodelar Anoeta, mientras que los bilbaínos pagan un alquiler infravalorado por el nuevo San Mamés. Podemos, Irabazi y Udalberri emprenden acciones conjuntas para frenar estos “tratos de favor”.»

Y, en efecto, el caso de Donosti y la remodelación de Anoeta resulta otro ejemplo para comprender la lógica municipalista ante las grandes edificaciones. Es un tema de debate que viene de lejos, así se publicaba, por ejemplo, en la página de podemos en un post del año 2016 «Nuestra posición sobre la remodelación de Anoeta 2016» http://irabazidonostia.org/nuestra-posicion-sobre-la-remodelacion-de-anoeta-de-2016/

«Hablemos de la financiación de la remodelación. El nuevo convenio plantea una inversión municipal de 12 millones de €.

El convenio plantea la siguiente repartición de las aportaciones para pagar los 51 millones de € que costarían (de momento) la remodelación:

• Real Sociedad: 25 millones de €
• Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG): 4 millones de €
• Gobierno vasco (GV): 10 millones de €
• Anoeta Kiroldegia (AK): 12 millones de €

Pero como ni AK ni el Ayuntamiento tienen en caja 12 millones de €, y como todos los grupos a favor de esta remodelación han firmado un documento donde se comprometen a no hacer aportación municipal alguna a la remodelación, es la Real Sociedad que va a «adelantar» ese dinero, y AK le «devolverá» en concepto de años de uso gratuito del estadio.

En otros términos, AK va a renunciar a cobrar 12 millones de € de alquiler, lo que equivale a invertir en diferido 12 millones de € en la remodelación.

¿La ciudadanía lo sabe? ¿Está de acuerdo con eso?«

Sobre las condiciones laborales que se están dando en la remodelacion ya el sindicato ELA denunciaba en 2017 y recogido en el post de Noticias de Guipuzkoa con el titulo de

“Anoeta cuesta 70 millones y se quiere hacer por 50 a costa de precariedad y fraude” El sindicato ELA critica que los precios de licitación del estadio “no dan ni para cumplir el Estatuto de los Trabajadores” (Ver en https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2017/06/26/sociedad/anoeta-cuesta-70-millones-y-se-quiere-hacer-por-50-a-costa-de-precariedad-y-fraude)

Y que ayer mismo volvía a denunciar, recogido hoy, 15/11/2017, por Mikel Mujika, Javi Colmenero en https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/15/economia/ela-pide-que-se-paralicen-las-ayudas-publicas-a-anoeta-hasta-que-se-pague-a-los-trabajadores con el titulo

«ELA pide que se paralicen las ayudas públicas a Anoeta hasta que se pague a los trabajadores. Afirma que hay una deuda de 4,5 millones reconocida por la autoridad laboral en concepto de salarios y que las obras del estadio fueron un “fraude planificado”

Es decir, extrañas mezcolanzas en las políticas municipales, una mezcla de fondos públicos, iniciativas privada, condiciones indignas de sus trabajadores…

Y todo ello se nos dice, por el Bien de la Ciudadanía.

a) Desde luego no es admisible que el bien de la ciudadanía sea que sus fondos se dediquen a eliminar y/o desgastar derechos y condiciones laborales de hiperexplotación.

b) Tampoco es admisible que los fondos públicos vayan a pagar obras de iniciativa, control y beneficios privados, cuando está significando dejar de utilizar esos fondos para responder a situación y problemáticas sociales relacionado con la pobreza, precarización, marginación, políticas de servicios públicos, etc…

c) Desde el municipalismo democrático y participativo y desde los derechos y la democracia ciudadana, es inadmisible, que semejantes proyectos que implican compromisos y dedicación de fondos públicos de gran envergadura no sean sometidos al control y consulta popular.

d) Tampoco es aceptable que bajo el argumento del desarrollo económico de la ciudad y del bien ciudadano se pretenda ocultar a quien realmente beneficia, determinados intereses privados de propietarios, de determinados empresas dedicadas a la mercantilización privada de espectáculos, a las empresas e iniciativas privadas de las infraestructuras turísticas, algunos hoteles, restaurantes, bares y/o otras empresas turísticas y/o de servicios, que actuan normalmente en los centros urbanos…

Ni la ciudadanía, ni los barrios de las ciudades, es decir, la mayoría ciudadana resulta que se beneficia de estos proyectos salvo que sean consumidores y compradores específicos de la mercancía deportiva y/o espectacular que ofrecen y que redunda en el beneficio privados de sus organizadores y/o propietarios.

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